Redacción. Madrid
En opinión de César Antón Beltrán, director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso),  además de “aportar su experiencia en algunas situaciones”, las empresas privadas “pueden ofrecer su flexibilidad y capacidad de adaptación a las nuevas necesidades de atención sociosanitaria que se puedan demandar” en la coordinación sociosanitaria.

¿Qué importancia tiene la colaboración público-privada en la atención sociosanitaria?

La colaboración público-privada en la asistencia sanitaria está recogida en la ley y su normativa de desarrollo, desde los principios de responsabilidad pública y complementariedad. Esta colaboración ha contribuido a atender el conjunto de las demandas asistenciales de los pacientes.

En el mismo sentido, se recoge en la normativa en materia de atención social a las personas y familias que lo necesitan, incluso en la más reciente a nivel estatal como es la Ley de Promoción  de la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y por supuesto también ha contribuido a lograr el nivel de cobertura y atención social que tiene nuestro sistema de servicios sociales.

Por tanto, esto es aplicable a la atención sociosanitaria del presente y para tenerse en cuenta para el desarrollo futuro de esta atención.

¿Qué papel deben jugar las empresas privadas en la coordinación sociosanitaria?

Desde mi punto de vista, y bajo el principio reiterado de complementariedad a los sistemas de responsabilidad pública de salud y de servicios sociales,además de aportar su experiencia en algunas situaciones, pueden ofrecer su flexibilidad y capacidad de adaptación a las nuevas necesidades de atención sociosanitaria que se puedan demandar, siempre por supuesto en base a los requisitos y calidad que se requiera.

¿Van a desarrollar el marco del aseguramiento privado en el ámbito de la dependencia?

La disposición adicional séptima de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ya previó, en su momento, el establecimiento de instrumentos privados para la cobertura de la dependencia. En concreto, establecía que el Gobierno, en el plazo de seis meses, debía promover las modificaciones legislativas oportunas, para regular la cobertura privada de las situaciones de dependencia.

También y como complemento de este mandato, para facilitar la cofinanciación por los beneficiarios de los servicios que se establecían en la ley, debía promoverse la regulación del tratamiento fiscal de los instrumentos privados de cobertura de la dependencia.

Estas previsiones de la ley están todavía pendientes y para hacerlas efectivas, en el acuerdo aprobado por el Consejo Territorial de la Dependencia, con presencia de todas las Comunidades Autónomas, en su sesión del pasado día 10 de julio, que posteriormente se publico en el BOE, mediante resolución del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, se incluyó una previsión al respecto.

En concreto, se acuerda la creación en el seno de este Consejo Territorial, de un grupo de trabajo sobre los contenidos de la disposición adicional séptima de la Ley de Dependencia. Las conclusiones y, en su caso, propuestas que se elaboren en dicho grupo de trabajo, serán elevadas al propio Consejo Territorial para su aprobación, en un plazo máximo de seis meses.

Según los datos del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), está decreciendo el número de personas con derecho a prestación que están en lista de espera, pero también está descendiendo el número de beneficiarios. ¿Qué lectura debe hacerse de esta situación?

Recordar que las estimaciones del total de la población dependiente, cuando se aplicase plenamente Ley, era de 1.173.000. Según los datos actuales hay 1.630.720 solicitudes. El 94 por ciento del total de solicitudes ya están valoradas, es decir 1.531.373. Este porcentaje es ligeramente superior al de enero del 2012 (el 93 por ciento). Es decir, el proceso en la agilidad de valoración de las solicitudes se mantiene levemente al alza respecto al periodo de 2011.

De los procesos de valoración realizados, el 17 por ciento (259.680) no superan los requisitos del baremo y no son considerados dependientes. Este porcentaje ha aumentado en dos puntos respecto a enero de 2012, por la entrada en vigor del nuevo baremo a partir de febrero de 2012. Baremo aprobado por un Real Decreto de 2011 y en base al acuerdo del Consejo Territorial de 2011. Baremo que, aprobado por el Gobierno anterior, se acordó en el Consejo Territorial dar un plazo de un año para su aplicación y así realizar las adaptaciones precisas con el fin de ajustarse más a la realidad y a las estimaciones del libro blanco.

El restante 83 por ciento de las valoraciones realizadas (1.271.693) son personas con derecho a Prestaciones. Si bien el 17 por ciento (262.759 personas) tienen la efectividad de su derecho (Recibir la prestación) diferida en el tiempo, ya que la Ley establecía una aplicación progresiva priorizando a las situaciones personales de mayor dependencia.

El otro 66 por ciento, es decir 1.008.934 personas están valorados hoy de grado III y grado II y su efectividad del derecho es recibir ya prestaciones del catálogo de servicios y prestaciones de la ley. Se ha reducido el número de personas beneficiarias con derecho a prestación efectiva a día de hoy. Por el efecto conjunto del baremo de 2011 (Gobierno anterior y Consejo Territorial de la anterior legislatura) con entrada en vigor en 2012, y por otro lado de haber aplazado la efectividad del derecho para el grado I.

Lo beneficiarios con derecho a la prestación se están acercando a las previsiones establecidas en el libro blanco, antes de la aprobación de la ley. Del total de beneficiarios con derecho con derecho a recibir hoy prestación (1.008.934 personas grados III y II) ya la tienen concedida el 76,42 por ciento, es decir, un total de 771.049 personas. Este porcentaje ha aumentado en 6,4 puntos respecto a enero (71 por ciento). Son 19.044 personas más las que tienen su prestación concedida.

A la vez, a octubre de 2012, son 68.056 personas menos las que están pendientes de concesión de prestación respecto a enero de este año (en enero esperaban 305.941, es decir, el 29 por ciento de los que les correspondía recibir prestación, y en octubre son el 23,5 por ciento, esto es, 237.885 personas). Se ha reducido en un 22 por ciento las personas dependientes que esperan  a la concesión de prestaciones. Esta ha sido una de las prioridades de este Gobierno, atender primero a las personas que mayor situación de dependencia tienen, y los datos parecen darnos la razón.

El Ministerio ha decidido priorizar los cuidados profesionales, tal y como ya marcaba la ley pero nunca se hizo. ¿Tienen datos de cuánto empleo puede generar?

Las previsiones en relación con el empleo que se manejaban en el momento de la aprobación de la ley, desde luego, no se han visto cumplidas, extiendo un enorme desfase entre los 290.000 puestos de trabajo estimados entonces a una realidad de aproximadamente 110.000 efectivamente creados.

Es, pues, evidente que ha existido un incumplimiento de las expectativas generadas, tanto en empleo como en actividad económica en general, dado que no se ha priorizado la atención a través de la red de financiación pública de servicios sociales de las comunidades autónomas, generadora de empleo y actividad económica, primándose, por el contrario, las ayudas a cuidadores no profesionales, contraviniendo el espíritu y letra de la ley, que lo consideraba una excepción.

El total de servicios y prestaciones que reciben las 771.049 personas ha aumentado en un 7,8 por ciento pasando de 931.754 en enero a 968.635 a día de hoy, es decir, 36.881 prestaciones más. De estas 36.881, el 65 por ciento ha sido por aumento de servicios. Es decir, prácticamente han crecido el doble los servicios que las prestaciones económicas por cuidados familiares.

En cuanto a las altas de afiliación a la Seguridad Social de profesionales de los servicios sociales, se ha producido una tendencia al alza. Se ha aumentado en 11.744 altas desde enero a octubre (331.587 en enero a 343.331 en octubre). Esperamos que se mantenga esta tendencia, pero es pronto para otro tipo de estimaciones.

Uno de los problemas de los trabajadores del sector son las condiciones laborales. Es un sector con mucha movilidad y bajos salarios, en términos generales, ¿cree que las medidas adoptadas pueden mejorar esta situación?

En primer lugar, creo conveniente matizar la afirmación de que uno de los problemas de los trabajadores del sector sean las condiciones laborales. En el sector de atención a las personas en situación de dependencia, en el conjunto del sistema de servicios sociales español, concurren tres agentes principales en su gestión. Las Administraciones públicas, la iniciativa sin fin de lucro y la iniciativa privada empresarial. Creo que, de manera general, las condiciones de los trabajadores del sector público son equiparables al resto de los empleados públicos. Por ejemplo, este es el caso concreto de los centros del Imserso. Igualmente, en el ámbito de  gestión de los otros dos agentes implicados existen numerosas empresas y entidades con unas condiciones de trabajo dignas y adecuadas. También debemos señalar que las condiciones de trabajo varían según la comunidad autónoma de la que hablemos.

Sin duda, las medidas adoptadas en el seno del Consejo Territorial del SAAD en el mes de julio van a permitir generar empleo cualificado y estable en España, impulsando la atención a las personas dependientes a través del catálogo de servicios y recuperar el valor de los servicios sociales profesionalizados.

En todo caso, la dura coyuntura económica que atravesamos origina que la situación actual de muchos proveedores de servicios de atención sea compleja, debido a la reducción de costes. Desde mi punto de vista, en el marco de la negociación colectiva y de cada empresa, debemos trabajar para fomentar la profesionalización de la atención y la formación de los trabajadores entre otras medidas de mejora de las condiciones laborales.